Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La supuesta ilegitimidad, sobretodo, de la actual Cámara de Diputados esconde tres cuestiones profundamente ligadas, tres caras de un mismo cuerpo de ideas. La primera cuestión implica un acto de violencia contra la Constitución; ella, pues, sostiene muy claramente cuando se terminan los mandatos: y hoy día hay continuidad constitucional. En segundo lugar, el argumento de ilegitimidad, trae consigo la invalidación de la política: todo debe quedar paralizado hasta nuevo aviso, las fuerzas políticas no deben seguir actuando hasta el recambio, todos se deben quedar quietos hasta la nueva asunción. Esto deslegitima a la política como el ámbito democrático por excelencia. Y en último lugar, también refleja la costumbre histórica que han tenido los liberales (de izquierda y derecha) a la hora de “ganar” las batallas políticas. Con fusil en mano y profundos sentimientos antipopulares deponen de un día para el otro a gobiernos elegidos a través de la voluntad popular. Sintetizando: los tiempos que marcan la Constitución y la vida política les son insoportables.
Las leyes necesitan siempre de una autoridad de aplicación para que se lleven a cabo. Y la división de poderes que marca la Constitución permite al órgano legislativo nacional decidir cuál va a ser esa autoridad. La autoridad actual es el COMFER (1) (Comité Federal de Radiodifusión), creada a sangre y fuego por Videla y sus secuaces. Esta autoridad posee una discrecionalidad total a la hora de tomar decisiones. Entonces, en primer lugar, si la nueva autoridad depende del poder ejecutivo con vigilancia parlamentaria y representación de la minoría (posición oficial) o un es un órgano autárquico (como proponen Pino y Stolbizer) hay que tener en cuenta que será decisión de la democracia, no de las balas y las botas. En segundo lugar, el poder ejecutivo, mal que les pese a algunos a la hora de argumentar, no son “Los K”, es ante todo uno de los tres poderes en que se divide el poder público. Confundir gobierno y Estado es una práctica común en la sociedad.
El famoso pero oscuro “triple play” se esclarece a medida que entendemos que simplemente se autoriza a las empresas a ofrecer telefonía, internet y cable de manera conjunta ¡Pequeño detalle: siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos que permitan la apertura de sus redes a otros prestadores! Eso dará lugar a la competencia entre empresas que se rasgan las vestiduras pidiendo que el Estado no intervenga en la óptima asignación de recursos que supuestamente hace el mercado ¡Bueno! ¡Que el mercado ponga a las empresas a competir, que bajen los precios al subir la oferta, que se beneficie el consumidor! Y, respecto a la cuestión del monopolio, las unidades de negocio deben crearse por separado, además de sancionarse otras las medidas monopólicas. También, el número de teléfono no le pertenecerá a la empresa, sino al usuario; que al cambiar de empresa se llevará su número consigo. Una perlita: el 70% del capital accionario deberá ser nacional.
La libertad de prensa es un problema que nos tiene que llevar a plantearnos quién o quiénes pueden expresarse ¿Quién puede expresarse? Aquel o aquella que tenga los medios económicos para poder expresarse a través de un medio de comunicación. Pero el quienes se reduce, en la realidad, al quién. Hoy día, por ley, sólo se expresa el Sr. Lucro. A este señor poco le importa si vende balas o medicamentos, pornografía o literatura, mentiras o verdades. Mientras después de cada venta se encuentre en capacidad de hacer mucho más de sí mismo, más lucro, habrá libertad de expresión, según él. Cuando se achique el negocio en el mundo de la comunicación, habrá “censura”, “ley mordaza”, “chavismo”, “castrismo”, “fascismo”, “comunismo” y otros “ismos”. Preguntémonos: ¿Qué pasa si el Sr. Lucro es dueño de los medios de comunicación y, digamos, del servicio de basura de tu barrio? Y sin salirnos demasiado de la realidad supongamos que el servicio de recolección es deficiente. ¿Cómo comunica tu barrio la situación para que los otros barrios se solidaricen? ¿Y si el problema es una cuestión más que barrial? ¿Quizás un río contaminado por una empresa que pertenece al Sr. Lucro? No puede pertenecer todo al Sr. Lucro, no hay libertad de expresión para los demás. Una empresa (un Sr. Lucro puede tener un paquete accionario importante en distintas empresas), hoy día, puede tener hasta 24 licencias de radio y TV.
Con esta nueva ley sólo podrá tener diez y, además, se partirá el espectro de los medios audiovisuales en tres partes IGUALES. Una para el Sr. Lucro, para que se desarrolle, otra para las organizaciones sin fines de lucro, para que se desarrollen, y la última para todos los niveles estatales, ¿para qué? para que también se desarrollen. La comunicación se encuentra entre los Derechos Humanos de tercera generación: al servicio de los pueblos, no sólo del Sr. Lucro. Una cosita más: ¿El problema es Clarín? ¡NO, el Sr. Lucro!
Las licencias se revisarán cada diez años, no cada dos. Cada dos años se realizará una revisión de carácter técnico para no tener que reformar la ley cada vez que salga una nueva tecnología que altere la compatibilidad y/o multiplicidad de licencias otorgadas.
La discusión acerca de si hubo discusión es paradójica. Y es, al mismo tiempo, un punto profundamente emblemático acerca del problema de la concentración mediática. A pesar de lo que se dice, la ley se viene discutiendo en diversos sectores y segmentos de la sociedad civil desde hace más de veinte años. El punto más importante de este proceso lo podemos observar en la Coalición por una radiodifusión democrática (2). Y acá viene la gran cuestión: ¿lo que no muestra la tele no existe? ¿Acaso no existieron los “foros provinciales”, donde se discutió la ley? ¿Acaso no existieron los Café Cultura”, donde se discutió la ley? Un ejemplo bien clarito: desde el primero de marzo de 2009, que se anunció la ley, Clarín publicó 77 notas sobre la misma. Tres fueron informativas, el resto (96%) tuvieron un carácter profundamente sesgado, pero bajo la apariencia de la imparcialidad. El poder más eficiente es el que no se ve, el que actúa desde una supuesta neutralidad, imparcialidad, cientificidad, academicismo. La realidad y la realidad que muestran los medios son muy diferentes.
Tampoco dicen que esta ley rescata las conclusiones del Consejo para la consolidación de la democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín. Y como si fuera poco, tampoco dicen que hasta retoma cuestiones planteadas en el proyecto presentado por Stolbizer. Y como si todo lo anterior fuera poquito podemos agregar que el proceso de debate por el cual ha transitado esta ley ha sido reconocido por el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidos, Frank La Rue, como inédito en el mundo para la elaboración de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Todo esto tampoco existe?
1 El COMFER está formado por servicios de Inteligencia de las tres armas y los empresarios. La intervención del COMFER realizada por el ejecutivo que se eligió por medio del voto popular está más que democráticamente justificada.
2 El 27 de agosto de 2004 trescientas organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, centrales sindicales (CGT y CTA), universidades nacionales, organizaciones sociales, movimiento cooperativo, pymes de la comunicación consensuaron 21 Puntos básicos para una Ley de Radiodifusión de la democracia. Desde entonces hasta hoy la Coalición participó en la totalidad de los Foros convocados por el COMFER para debatir, revisar y elevar nuevos aportes para ser incorporados al texto del proyecto definitivo.
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